VENEZUELA
por La misión creada por la ONU para investigar violaciones a los derechos humanos en Venezuela denunció este lunes que más de 100 niños, niñas y adolescentes se encuentran detenidos e imputados por crímenes graves en el marco de las protestas desatadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Los crímenes de los que se acusa son los mismos por los que se ha imputado a los adultos detenidos. Se trata de acusaciones de terrorismo, conspiración o incitación al odio.
Según el grupo de juristas que integran la misión, los menores de edad detenidos no cuentan con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales.
El informe no precisó las edades de los menores bajo arresto,
El reclamo de la misión de la ONU por los menores detenidos en Venezuela
En un comunicado, el grupo de expertos de la ONU afirmó que “la misión reclama con firmeza que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”.
El grupo lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto en el contexto de las protestas.
La presidenta del grupo, Marta Valiñas, pidió que estas muertes sean investigadas. Además, señaló que si se confirma un uso abusivo de la fuerza letal por parte de fuerzas de seguridad o la participación de civiles armados que les apoyan, los responsables sean juzgados.
La misión dijo que tras analizar diversos datos de organizaciones pro derechos humanos concluyó que al menos 1260 personas fueron detenidas, entre ellas 160 mujeres.
Cifras comunicadas por el fiscal general de Venezuela señalan que se detuvo a 2200 personas.
Las detenciones fueron arbitrarias, según la misión, debido a que los detenidos quedaron desprotegidos ante el sistema judicial al enfrentar audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, pese a que muchos de los casos habían ocurrido en el interior del país.
Asimismo, el grupo dijo que hubo imputaciones de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin pruebas que lo fundamenten o aplicados de forma desproporcionada. También se negó información a familiares o se les brindó información tardía e incompleta y hubo impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.
Fuente: Infobae
