POLÍTICA
por La recolección de las pruebas en el marco de la causa contra el ex presidente, Alberto Fernández, por presunta violencia de género sufrió un revés debido a que la Justicia no podría acceder a las grabaciones de lo que ocurría en la Quinta de Olivos durante el gobierno anterior, tal como fue solicitado recientemente.
Ocurre que las cámaras de seguridad del predio tenían en aquel momento un almacenamiento de hasta 35 días, como máximo, por lo que se sobreescribían los archivos una vez que el sistema ya no tenía más capacidad. Según se supo, la cantidad de videos que se pueden guardar depende del peso de los mismos que, a su vez, viene definido por la calidad en la que se desee filmar, aunque en ningún caso superaría los 45 o 50 días de margen.
Durante la administración de Alberto Fernández, las autoridades nacionales decidieron que las tomas se hicieran con la mayor definición posible para, poder reconocer a las personas que entraban, salían y circulaban por la Quinta de Olivos.
De todas formas, la poca capacidad de almacenamiento de los aparatos en cuestión es un problema para la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, que investiga la denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yañez.
El fiscal Ramiro González le solicitó al Gobierno que informe la nómina del personal doméstico de Olivos; los datos del personal que acompañó a la entonces Primera Dama durante un viaje a Misiones en julio de 2021; el registro de ingresos y constancias de atención médica en el predio y los videos de las cámaras de seguridad.
“En julio, más o menos, cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo. Entonces, todavía queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta”, aseguró Fabiola.
Este tipo de episodios, entre muchos otros que habrían ocurrido entre las paredes de la residencia nacional, son los que no se van a poder corroborar con imágenes, ya que las mismas se fueron borrando.
En el último de los requerimientos judiciales que le llegaron a la secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, se indicó que abarca todo el período presidencial de Alberto Fernández, desde que se instaló en la residencia en diciembre de 2019 hasta el mismo mes de 2023.
Fuente: Infobae
