El Gobierno se enfrenta a una marcha universitaria que promete ser más masiva que la anterior, pero insistirá con el veto
A pesar de las constantes negociaciones que continuaron hasta última hora para tratar de llegar a un acuerdo, aunque sin una propuesta superadora a los reclamos salariales del sector, el Gobierno se enfrentará este miércoles a una nueva Marcha Federal Universitaria que promete ser todavía más masiva que la anterior, en rechazo del veto que el presidente Javier Milei firmará para frenar el proyecto de financiamiento de las casas de altos estudios.
Mientras que los gremios docentes denuncian un vaciamiento de las instituciones y exigen un aumento superior al que les fue ofrecido, las autoridades nacionales redoblaron las críticas hacia el sistema actual, pusieron en duda la legitimidad de la movilización e insistieron con la falta de auditorías.
Ni siquiera la reunión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la cúpula de la CGT, de la cual participaron Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos, y Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de las Universidades, logró destrabar el conflicto.
Puntualmente, la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell y dependiente del Ministerio de Capital Humano, les propuso a los sindicatos de maestros un incremento del 6,8%, lo cual implicaba una inversión de unos 56 mil millones de pesos, según fuentes oficiales, pero esta cifra fue rechazada.
En este contexto, el 13 de septiembre pasado, a la madrugada, el Congreso aprobó el proyecto de Financiamiento Universitario, el cual establece actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), a partir de la recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha, se estima que implicaría una inversión por parte del Estado de más de 738 mil millones de pesos, equivalentes a 0,14% del PBI.
Por esta razón, Milei ya anunció públicamente que vetará la iniciativa, aunque el Decreto con la decisión presidencial todavía no salió y aparecería en el Boletín Oficial recién el jueves próximo, en el límite del plazo legal para hacerlo, pero después de la marcha.
FUENTE: TODO NOTICIAS