por La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que declara a la educación como servicio estratégico esencial para todos los niveles y modalidades dentro de la obligatoriedad escolar de todo el territorio nacional. El propósito de la iniciativa es garantizar las clases en los días de paro docente.
Recordemos que la Corte Suprema de Justicia en 2001 declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Trabajo que en aquellos tiempos estaba a cargo de Patricia Bullrich, quien había avanzado en este sentido.
Analistas en educación sostienen que “las huelgas docentes durante la escuela primaria generan secuelas que persisten cuando los estudiantes se convierten en adultos, afectando su empleo, ingresos laborales y otros aspectos de las personas”.
El diputado del Pro Alejandro Finocchiaro dijo que “vamos a regular el derecho de huelga, que es materia federal. Existe una suerte de colisión entre el derecho a huelga —garantizado en la Constitución Nacional— y el derecho de los niños a educarse.”
La iniciativa sugiere un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30 por ciento de asistencia del personal docente y no docente cuando las medidas superen los tres días; y a su vez exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase.
Otro aspecto de la propuesta del PRO plantea que las autoridades de cada establecimiento realicen las previsiones organizacionales, estableciendo ante la autoridad competente la nómina actual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento de las guardias en días de huelga.
Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. El diputado Finocchiaro fue declarado persona no grata por la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin dudas, un comunicado desafortunado ya que tal calificación de “persona no grata” a un legislador que además de saber de lo que habla, muestra a las claras el desvarío de una dirigencia que pareciera poner bajo la misma “vara” la acción de un dirigente honorable en comparación con el caso sobre la conducta de un ex presidente que deshonra a todo un país. En estos casos, para estos sectores, la orden es “silencio de radio”.
Pero la medida que ofrece Finocchiaro se replica con matices en otros lugares de la región y del mundo.
En Uruguay, el primero de agosto de 2015, el Ministerio de trabajo decidió adoptar la declaración de esencialidad, la que fuera a su vez solicitada por el Ministerio de Educación y cultura argumentando que las decisiones adoptadas por las organizaciones sindicales comprometen derechos básicos que impactan en la dignidad y el valor de la persona humana, afectando el derecho a la educación en sí mismo y el atinente a la formación de niños y adolescentes. El Estado Oriental agotó todas las instancias de negociación con los gremios docentes, sin embargo, estos no declinaban su voluntad de avanzar hacia la realización de huelgas. Estas medidas —con matices— fueron implementadas en otros países de la región, como Perú y Ecuador. En Europa, tres naciones impulsan reglamentaciones similares: Alemania, España y Francia.
En cuarenta años de democracia en Argentina, solo podemos decir que lo que se percibe es un clima de quebranto de la educación.
A la dirigencia argentina, salvo honrosas excepciones, no le interesa la educación. No hay voluntad colectiva para la construcción de consensos que definan un norte para la educación del país. No hay masa crítica para que la educación se convierta en una política de Estado innegociable.
Salvo la discusión por el “eterno” salario docente, la educación desde una mirada integral, permanece oculta en la agenda de los temas del país.
Algunos personajes abrazados al pasado sostienen que “los cambios en educación tardan 20 años en concretarse”, pues bien, ya pasaron 40 años desde el restablecimiento de la democracia y persisten las dificultades para el diseño de una propuesta pedagógica eficaz frente a los constantes cambios sociales, tecnológicos y culturales que demanda el siglo XXI.
