por El federalismo argentino se caracteriza por una fuerte tendencia a la centralización independientemente de lo que plantea la Constitución Nacional de 1994, intentando consolidar la descentralización del poder. El presidente Javier Milei y su obsesión por reducir el déficit fiscal ha dinamitado el espíritu federal de su gestión. En ese sentido, datos oficiales comprueban su concepción “porteño-centrista” de la política.
En lo que respecta a transferencias automáticas, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación señala que durante el primer cuatrimestre de 2024 dichos fondos se redujeron un 89,5% en comparación con el mismo período del año anterior. El recorte pasó de $295.920 millones a $108.997 millones. En ese mismo paquete se encuentran las transferencias para financiar gastos corrientes que pasaron de $197.541 millones a $100.951 millones. Entre las principales reducciones o recortes está el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), instrumento creado para mejorar el salario de los docentes provinciales. El ajuste significa -80,7%.
El capítulo de la obra pública fue otra de las actividades víctimas de la utilización desenfrenada de la famosa “motosierra”. Las transferencias no automáticas en este segmento, se redujeron de $98.379 millones a $8.046 millones. Esto implicó interrupciones en obras de saneamiento (91,4%); construcción de obras provinciales (-100,0%); y asistencia financiera a provincias y municipios (-100%)
El mayor impacto del recorte de partidas no automáticas se produjo en La Rioja 97%, Formosa 93% y La Pampa 93%. Le siguen Chubut 67%, Jujuy 76% y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 81%.
Por otra parte, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), señaló que el monto de las transferencias automáticas reales totales solo en el primer cuatrimestre de 2024 fue el peor en 9 años.
La realidad indica que el reparto actual no es equitativo. Las provincias hoy sufren el impacto de los recortes de transferencias discrecionales y los gobernadores exigen algún tipo de compensación para afrontar las nuevas dificultades.
En este escenario, la provincia de Jujuy presenta un cuadro crítico en el ámbito de la obra pública con miles de trabajadores desocupados, contenidos por su gremio (UOCRA) y un sistema de transporte público de pasajeros virtualmente quebrado, que ya no puede absorber al programa más exitoso de la gestión radical denominado Begu, que ofrece la gratuidad a unos 46 mil estudiantes jujeños.
Con una nueva Ley de Coparticipación federal, moderna y equitativa, todo sería más justo y transparente. Pero para alcanzar ese propósito se necesita una verdadera vocación federal y no sobreactuada como se ejerce desde la Casa Rosada.
La determinación del presidente Javier Milei de no volver atrás con la eliminación de subsidios al transporte y de prometer la vuelta de la obra pública a cuenta gotas, sabiendo las consecuencias del impacto de su decisión en las economías del interior profundo de Argentina, no hace más que confirmar su desatención sobre la realidad de un país, que no se termina en la tradicional avenida General Paz.
El interior de la Argentina eligió a un presidente con la ilusión de un país más federal, pero a la luz de los hechos y de los acontecimientos, lo que viene son nuevos escenarios con síntomas unitarios y más indiferencia.
