Milei firmó un polémico decreto que atenta contra el periodismo independiente
La Ley 27275, tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
El presidente Javier Milei firmó un decreto reglamentario sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, comunicado en el Boletín Oficial el lunes pasado con la firma de Javier Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo.
Milei, introdujo dos modificaciones en el polémico decreto. En primer lugar, redefine lo que es información pública y señala que no es la vida privada de los gobernantes. En segundo lugar, redefine lo que es para él un documento estatal y señala que no son las acciones previas de los funcionarios ni los papeles de trabajo anteriores a la confección de un documento.
Independientemente de los argumentos de Milei, el instrumento es inconstitucional porque estaría alterando el espíritu de la Ley por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero como si esto fuera poco, el Presidente, fiel a sus groseras ironías, amenazó que le solicitará al Congreso, una ley para que los periodistas sean considerados personas políticamente expuestas, sometiendo a la prensa al “escarnio público”.
En este contexto, el diputado Miguel Pichetto manifestó que “la reglamentación excede al espíritu de la ley. Es cierto que hay un debate entre lo privado, íntimo y lo público, que hasta podemos llegar a compartir, es cierto que el mundo y la tecnología hacen esa zona muy frágil entre lo privado y lo público para un hombre de la política. Amen de ello, revisen ese decreto reglamentario”.
El oficialismo vía su asesor “estrella”, Santiago Caputo, no esquivo la respuesta dirigida a Pichetto, apelando a las redes sociales: “El que quiera reglamentar de otra manera la ley de acceso a la información pública lo que tiene que hacer primero es ganar las elecciones”. Una curiosa respuesta, típicamente kirchnerista.
El síntoma que provoca todos estos hechos que lesionan la libertad-en el país cuyo líder se autodefine como el dirigente más reconocido en el mundo como defensor de esa libertad-es cierta impotencia, para gestionar temas no menos importantes que la economía, pero que impactan dramáticamente en la vida de la gente. La primera reacción es encontrar enemigos ficticios para justificar la impotencia para resolver problemas. La segunda reacción es la radicalización cuyo objetivo de impacto, recae sobre el periodismo independiente.
Sin embargo, estos episodios no son propios de la realidad argentina. También ocurren con otros liderazgos muy cercanos a Javier Milei.
Cuenta el reconocido periodista norteamericano, Arthur Gregg Sulzberger, editor y presidente de The New York Times, en un artículo publicado en The Washington Post, lo que esta sucediendo en Hungría, administrada por el primer ministro Viktor Orban, quién asistió a la asunción de Javier Milei en diciembre pasado. El artículo reproduce una declaración temeraria del entorno de Orban contra la prensa independiente húngara: “Quien controla los medios de comunicación de un país, controla la mentalidad de ese país y, a través de ella, al propio país”. Así opinan los amigos del presidente argentino sobre su plan contra el periodismo profesional.
“El derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública son dependientes entre si, y ambos forman parte del andamiaje jurídico del régimen democrático de gobierno”, afirman desde Poder Ciudadano.
Además, la información que produce, clasifica y archiva el Estado, se financia con recursos que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos.