por Este último miércoles, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín oficial, la resolución 267/2024, anunciando que los municipios no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios que envían a los usuarios. Se exigirán boletas por separado para lograr mayor transparencia por lo que se cobra a los consumidores.
Ocurre que lo que viene pasando como consecuencia de la dramática caída de la recaudación por razones obvias, obliga a los municipios a elegir “el camino más fácil” para hacerse de los recursos y así seguir administrando la “precariedad”. La metodología es colgarse de las boletas de servicios que prestan compañías privadas a cambio de un supuesto canon.
Evidentemente, asfixiados por la presión que implica gestionar un municipio, incurren con este tipo de artilugios incumpliendo con el artículo 42 de la Constitución Nacional que dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.”
Para el diputado provincial (PJ), Juan jenefes, la medida “es acertada ya que existe jurisprudencia en donde se indica que no pueden cobrarse tasas sobre boletas de energía, gas, como tasas en rubro expendio de combustibles. En cuanto a la política, los intendentes se van a abroquelar van a recurrir a la justicia e insistir sobre la continuidad. La sociedad esta ahorcada y el Gobierno Nacional intenta de esta manera coaccionar a la política”.
Desde el radicalismo el concejal capitalino Leandro Giubergia, dijo que “el Gobierno Nacional con esta resolución, viola de manera flagrante los principios de las autonomías provinciales y municipales, reconocidos en la Constitución Nacional, en el marco de la reforma de 1994 sobre todo en el ámbito municipal, que tiene la posibilidad de fijar sus tasas y toda la competencia tributaria propia del municipio.”
En Palpalá, el concejal Juan Flores (FP), expresó que “esta resolución nacional, nos explica claramente que no se puede cobrar tasas ni impuestos de esta manera, ya que tal servicio, no se ve plasmado como debería ser. Si esto no para, luego querrán cobrar otro tipo de tributos o tasas y la idea es resguardar al usuario de que esto no suceda, ya que no hay controles adecuados sobre este cobro compulsivo.”
Por otra parte, el intendente de Tigre, Julio Zamora manifestó que “la Nación que dice que nosotros no podemos cobrar una tasa en una boleta de servicios, percibe en la misma boleta, el IVA. Es incongruente lo que dice, lo que denuncia, y lo que hace”.
La cuestión de fondo es que con este modus operandi, se le está quitando al consumidor la libre elección de abonar de acuerdo a sus criterios, para asumir sus responsabilidades tributarias. Los municipios tendrán que replantearse sus estrategias, para combatir la evasión y no colgarse en la boleta de nadie.
Estas serían las consecuencias producto de varios factores: el drama del poder adquisitivo de los ciudadanos, como consecuencia de la mala praxis de gestiones fallidas, en todos los niveles de administración. Una solución podría ser la demorada Ley de Coparticipación Provincial, que vendría a inyectar recursos generando previsibilidad a los intendentes.
El crecimiento económico es la clave para incrementar el poder adquisitivo de la gente. De esta manera, los niveles de recaudación serían más normales. Con una Ley de Coparticipación Provincial moderna, la gestión de los municipios debería ser más previsible con servicios decentes y con contribuyentes más responsables.
