La decisión de Alberto de radicarse en España luego del 10 de diciembre lo inhabilita para cobrar la pensión como ex presidente contemplada por la Ley de Pensiones 24.018.
Según la legislación, el Presidente, Vicepresidente y Jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias a partir del cese en sus funciones.
Sin embargo, el artículo 5 plantea con claridad que "para tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país".
Como publicó La Política Online, Alberto admitió su intención de salir del país una vez finalizado su mandato para dedicarse a la docencia. "Probablemente viaje a España, porque tengo algunas ofertas de universidades allá. Posiblemente aproveche para tomar distancia y dejar que el nuevo presidente trabaje", confirmó.
LPO había adelantado en septiembre que el presidente soñaba con encabezar un organismo internacional cuando deje la presidencia y que esperaba una ayuda de su amigo brasileño Lula Da Silva, ya sea para ser Secretario General de Unasur o, dado su intención de mudarse a Madrid, recalar en la Secretaría General Iberoamericana (Segib).
Ese organismo, fundado en 2003, tiene sede en la capital española y lo integran 20 países de Latinoamérica, además de España y Portugal.
En la actualidad, el secretario general del organismo iberoamericano es el chileno Andrés Allamand, ex canciller de Sebastián Piñera. Sin embargo, ahora el plan parece estar lejos de ese organismo.
La victoria de Javier Milei complicó los planes de Alberto y ahora su inminente mudanza no solo lo alejará de la política activa sino también sin pensión.
Fuente: La Política Online